La regulación laboral le ofrece a los trabajadores protección que, sin embargo, genera con frecuencia costos a los empleadores. Hay evidencia de que estos costos pueden generar informalidad y desempleo, pues dificultan la contratación de empleados asalariados y la formalización de empleados independientes. En un reciente documento de la revista Ensayos Sobre Política Económica (ESPE) del Banco de la República, coordinado por la investigadora Andrea Otero, se hace una revisión de evidencia que conecta aspectos de la regulación laboral colombiana con la informalidad laboral, la cual cubre a cerca de la mitad de la fuerza laboral del país.
Uno de los elementos de la regulación laboral que afecta la informalidad es el salario mínimo, pues cuando se fija en un nivel alto dificulta la contratación de trabajadores con baja productividad. Entre otros, en el documento se reseña un análisis reciente de Luis Eduardo Arango y Luz Adriana Flórez, investigadores del Banco, que muestra la relación entre la informalidad laboral y la razón entre el salario mínimo y el salario correspondiente al percentil 70 de la distribución de ingresos (que llamaremos “razón de salario mínimo” o RSM). Una razón de salario mínimo alta indica que el salario mínimo es alto en relación con los ingresos de todos los trabajadores y que por lo tanto es más distorsionante que cuando la RSM es baja. Por el contrario, cuando la RSM es baja se entiende que el salario mínimo es bajo con respecto al ingreso de todos los trabajadores y que por lo tanto tiene menos capacidad de distorsionar el mercado laboral.
En trabajos de investigación anteriores, los autores habían encontrado una relación significativa entre la RSM y la informalidad laboral entre ciudades colombianas, lo cual es precisamente evidencia del efecto que el salario mínimo puede tener sobre la informalidad. En el presente trabajo, los investigadores actualizan el ejercicio y muestran que este efecto es heterogéneo, dependiendo del tipo de trabajador. Para el ejercicio se construyeron dieciséis grupos poblacionales, según género, edad, nivel de educación y área geográfica en donde se encuentra el trabajador, con base en la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares entre el año 2007 y 2017 para las veintitrés principales ciudades y áreas metropolitanas. Se usa esta base de datos para estimar impacto de cambios en la RSM en la probabilidad de que un trabajador de un grupo demográfico particular tenga una ocupación informal, usando técnicas econométricas.
El Gráfico 1 muestra los resultados de este análisis estadístico, según edad, género y nivel educativo. Como puede verse, el efecto es más fuerte para trabajadores de bajo nivel educativo (con bachillerato o menos) que para trabajadores con educación superior (técnica, tecnológica o universitaria) y también es más fuerte para los jóvenes que para los mayores, precisamente los grupos en los que el salario mínimo es más alto con respecto a la distribución de salarios que perciben esos trabajadores. Allí donde los salarios suelen ser más bajos y la razón del salario mínimo es mayor, aumentos adicionales en el salario mínimo pueden inducir mayor informalidad. Todos los resultados que se muestran son estadísticamente significativos y son similares cuando se hacen para hombres y para mujeres.
Específicamente, los resultados implican que un aumento de un punto porcentual en la razón del salario mínimo está asociado con aumentos de hasta 0,7 puntos porcentuales en la probabilidad de trabajar en la informalidad. Para dar una idea de la magnitud del efecto estimado, vale señalar que la diferencia entre la RSM de Bogotá y ciudades como Cúcuta u otras de la región Caribe es casi 30 puntos porcentuales. Esta diferencia causa que un joven con bajo nivel educativo en estas ciudades tenga una probabilidad de ser informal que es alrededor de 20 puntos porcentuales mayor que la de un joven con idénticas características en Bogotá.
Gráfico 1: Efectos de la RSM sobre la informalidad por grupo demográfico
Los resultados de este análisis, y otros que se discuten en el documento ESPE mencionado, ilustran los costos no intencionados de las políticas de protección laboral sobre la informalidad. Esta evaluación del impacto de las medidas de política pública debe servir para mejorar su diseño, de tal manera que se maximice su efectividad y se minimicen sus costos no intencionados.
